Una participación política plena permite una consecución legítima de los ODS y los objetivos civiles
 

Por Lori Johnston, Centro de los Pueblos Indígenas del Sureste (Southeast Indigenous Peoples’ Center)
 

Uno de los principales riesgos que conllevan las alianzas público-privadas (APP) es la prevención militarizada de los debates populares que cuestionan hasta qué punto ese proyecto privatizado contribuye al bien común. Vista la situación actual, APP bien podrían ser las siglas de “Aislar la Participación Política”. Gracias a la participación política eficaz podemos reivindicar nuestros derechos según la legislación sobre derechos humanos. ¿Cuál es la mejor manera de abordar las violaciones de los derechos humanos, y en particular del derecho fundamental a la participación en la toma de decisiones? ¿Cómo pueden las organizaciones fuera del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las OSC y las instituciones de gobierno de los pueblos indígenas (PI), reducir las barreras a la participación política en general? 

En el caso de los PI, necesitamos garantías de más seguridad frente a la violencia brutal y medioambiental en cuanto cuestionamos el impacto de proyectos de APP en curso o propuestos. Los PI necesitan el respaldo de las OSC y un diálogo multilateral con los estados miembro de la ONU para implementar la legislación sobre derechos humanos, a fin de que nuestras decisiones se lleven a la práctica sin que tengamos que enfrentarnos a las represalias de los colonizadores. A menudo, la seguridad privada que protege a los desarrolladores de los proyectos cuenta con el beneplácito del gobierno, y en sus violaciones de los derechos humanos, dichas fuerzas de seguridad encuentran una fuente de legitimidad en los documentos de la ONU que promueven un “enfoque basado en los derechos humanos” (EBDH).

 

La definición actual del EBDH según los desarrolladores es sinónimo de criminalidad. Los documentos del ACNUDH (enlace: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQen.pdf) permiten a los desarrolladores alegar que los motivos logísticos, culturales o de otro tipo son justificaciones válidas para mitigar su obligación de respetar los derechos humanos. Aunque desde los pueblos indígenas no tenemos la obligación de implementar los instrumentos de la ONU, no eximimos a los desarrolladores con el beneplácito del gobierno de respetar nuestras leyes. Dichas leyes incluyen nuestros derechos humanos, sin importar las alegaciones de los desarrolladores respecto a la viabilidad del respeto de esos derechos, y sin importar sus creencias acerca de la inferioridad de los pueblos indígenas. Cuando el desarrollador puede interpretar de forma lucrativa el lenguaje ambiguo del ACNUDH, surgen formas de enfocar los proyectos que no respetan la ley ni incluyen explícitamente la intención de respetar la legislación sobre derechos humanos. La puesta en práctica de estos enfoques permite que las fuerzas de seguridad, ya sean privadas o estatales, se permitan atacar a cualquier individuo —a veces con consecuencias mortales— que se interponga en el camino de un proyecto.

 

La diferencia entre la legislación sobre derechos humanos y el EBDH va más allá de la semántica: se trata de una formulación legal que permite explícitamente que los desarrolladores aleguen la existencia de vacíos legales que les permiten actuar como si el respeto de los derechos humanos fuera un elemento opcional. El EBDH socava los objetivos de la ONU, pone en riesgo vidas humanas y obstaculiza el trabajo de los PI y de nuestras instituciones de gobierno, así como el de las OSC y los miembros de la ONU.

 

El EBDH surgió con el nacimiento del compromiso global a raíz de la Cumbre de la Tierra en Río de 1992 y con el comienzo de las acciones coordinadas a nivel de base relativas al cambio climático, como consecuencia de la contaminación. Un elemento adicional que ha contribuido a la resistencia de los desarrolladores en materia de derechos humanos es la tendencia actual a lo que se llama —diplomáticamente— una “reducción del espacio para la sociedad civil” a la hora de debatir las violaciones de los derechos humanos, el cambio climático y la potencial exterminación de la humanidad.

 

A menudo, cuando se refieren a la “reducción del espacio para la sociedad civil”, los miembros de la ONU se refieren a los problemas logísticos para poder hablar en conferencias públicas o en sesiones de la ONU. Ya sea en el marco del monitorio de la AGCED o en otro contexto, los miembros de la AOED deberían explicar mejor a los miembros de la ONU que esta expresión no es más que un eufemismo engañoso para designar a un tipo de violencia aprobada por el Estado que impide toda forma de participación política.

 

Seguir promocionando esta imagen benigna de un “espacio cívico reducido” incita a las excusas logísticas en un mundo cada vez más poblado. Necesitamos describir las consecuencias de las respuestas militarizadas a los debates de la sociedad civil sobre determinados proyectos, y en particular los proyectos que involucran al sector privado. Estas tentativas de participar políticamente se contrarrestan con respuestas militarizadas que conllevan desplazamientos, desahucios, enajenaciones, hambrunas, deshidratación, privaciones, envenenamientos, criminalización, encarcelaciones, torturas, abusos sexuales y asesinatos.

 

Es cierto que esta violencia conlleva menos oportunidades de hacerse oír, ya sea a nivel local, regional o internacional —y por ende, en la ONU—. Los desarrolladores coloniales dueños de las fuerzas de seguridad privadas no tienen problemas para conseguir reuniones en privado con ciertas delegaciones de miembros de la ONU, como el Consejo de Seguridad, cuando los representantes de los PI, las OSC e incluso de algunos estados miembro de la ONU no pueden acceder de igual forma a las delegaciones de la ONU.

 

La reducción del “espacio cívico” para participar en los procesos de toma de decisiones no se debe al hecho de que los poderes colonizadores físicamente se hayan quedado sin sillas: es porque estos mismos poderes aniquilan a aquellos que osan alzar la voz, ya sea por medio de una violencia física o medioambiental. Deberíamos mostrar respeto por aquellos que murieron pidiendo diálogo y hablar de las pérdidas en materia de acceso, movimiento, salud y seguridad que sufren aquellos que cuestionan las ventajas de los proyectos de desarrollo.

 

Estos dulces eufemismos para referirse a la apropiación de los poderes de toma de decisión de los pueblos, “reducción del espacio cívico” en el caso del aislamiento de la participación política y “enfoque basado en los derechos humanos” en el caso de los derechos humanos basados en las leyes, obvian el problema de la rendición de cuentas y distraen de la importancia central que tienen los derechos humanos en la razón de ser de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas de 1945 establecía que la protección de los derechos humanos sería el propósito fundamental de la organización y el principio que guiaría su trabajo. Unos años más tarde, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 detalló estos principios, entre los que se incluía la participación política.

 

En lugar de la implementación de un enfoque basado en los derechos humanos, queremos promover la implementación de una legislación sobre derechos humanos y de instrumentos que fomenten la participación política. Hay quien siente la tentación de apoyar el statu quo a corto plazo con la esperanza de ganar la confianza del opresor y de poder iniciar reformas con las estructuras coloniales para garantizar ganancias mutuas a largo plazo. Muchos pueblos indígenas han seguido este patrón en el pasado, en los primeros encuentros con los colonos... con consecuencias catastróficas. Callarse para intentar quedar bien es una actitud que nos perjudica a todos cuando las prácticas existentes impiden tanto la participación política como el cumplimiento con la legislación sobre derechos humanos.

 

Para más información, contactar con Southeast Indigenous Peoples’ Center PO Box 4003 Eatonton Georgia 31024, 706.461.6244, www.SoutheastPeoples.org, Twitter: @1stsoutherners

C’est en participant pleinement à la vie politique que nous atteindrons les ODD et les objectifs civils de manière légale.

Par Lori Johnston, Southeast Indigenous Peoples’ Center (Centre des peuples autochtones du Sud-Est)

L’une des plus grandes menaces posées par les partenariats public-privé (PPP) est le contrôle militarisé du débat populaire cherchant à savoir si la privatisation de projet sert le bien commun. C’est pourquoi « PPP » est aussi l’acronyme de « Prévention de la participation politique ». Avec une participation politique efficace, nous pouvons faire valoir nos droits en vertu du droit relatif aux droits de l’homme. Comment pouvons-nous lutter au mieux contre les violations des droits de l’homme, en particulier le droit fondamental à participer aux processus décisionnels de la vie politique ? D’une manière générale, comment les organisations extérieures au système des Nations Unies (ONU), y compris les OSC et les institutions des peuples autochtones (PA), peuvent-elles réduire les obstacles à la participation politique ?

Les PA doivent être davantage protégés contre les violences brutales, y compris à l’égard de l’environnement, lorsqu’ils interrogent les effets des projets PPP proposés ou en cours. Les PA ont besoin du soutien des OSC et d’un dialogue multilatéral avec les États Membres de l’ONU pour faire appliquer les lois relatives aux droits fondamentaux afin que leurs décisions soient exécutées sans que les colonisateurs ne puissent leur porter préjudice. Les services de sécurité privée qui protègent les promoteurs de projets sont souvent approuvés par l’État. Ces forces de sécurité approuvées par l’État sont aidées dans leur violation des droits de l’homme par les documents de l’ONU qui mettent en avant une « approche fondée sur les droits de l’homme » (AFDH).

 

L’AFDH, telle qu’elle est actuellement expliquée par les promoteurs de projets, est criminelle. Les documents du HCDH (lien : http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FAQfr.pdf) font place aux affirmations des promoteurs selon lesquelles les préoccupations logistiques, culturelles ou autres peuvent justifier le non-respect des droits de l’homme. Les peuples autochtones, bien qu’ils ne soient pas tenus d’appliquer les instruments de l’ONU, ne dispensent pas les promoteurs disposant de l’aval de l’État de respecter nos lois, y compris celles relatives aux droits de l’homme, indépendamment des affirmations des promoteurs quant à leur viabilité ou de leurs croyances culturelles selon lesquelles les peuples autochtones sont inférieurs. Les interprétations des équivoques du HCDH par les promoteurs de projets, centrées sur le profit, sont à l’origine d’approches illégales de projets où les engagements explicites envers le respect des  droits de l’homme sont absents. Cette « approche », mise en pratique, facilite l’agression – parfois mortelle – par les services de sécurité privés ou publics de tout être humain qui se mettrait en travers d’un projet.

 

La différence entre le droit relatif aux droits de l’homme et l’AFDH va au-delà de la sémantique : c’est une formulation juridique qui permet explicitement aux promoteurs de projets de profiter d’échappatoires, permettant à ces derniers d’agir comme si le respect des droits de l’homme était facultatif. L’AFDH sape les objectifs de l’ONU, met en danger la vie humaine et entrave le travail des PA et de leurs institutions ainsi que celui des OSC et des membres de l’ONU.

 

L’AFDH a vu le jour à la suite de la mobilisation mondiale qui a suivi le Sommet de la Terre de Rio en 1992 et le début d’une action coordonnée au niveau local sur le changement climatique, aggravé par la pollution.La tendance actuelle de ce que l’on appelle gentiment le « rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile » pour discuter des violations des droits de l’homme, y compris la pollution, le changement climatique et l’extermination potentielle de l’humanité, participe également à la pression que les promoteursexercent sur les droits de l’homme.

 

Souvent, lorsque les membres de l’ONU évoquent le « rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile », ils se réfèrent seulement aux problèmes logistiques liés à la prise de parole en public, y compris les sessions à l’ONU. Les membres du POED pourraient-ils, dans le cadre de suivi du PMCED ou d’autres processus, mieux démontrer aux membres de l’ONU que cet euphémisme trompeur, le « rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile », est une forme de violence exercée avec l’assentiment de l’État qui empêche la participation politique ?

 

La défense continue d’un « rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile » sans danger invite à des prétextes logistiques dans un monde de plus en plus peuplé. Nous devons décrire les effets des réponses militarisées sur les discussions civiles au sujet des projets, en particulier ceux qui impliquent le secteur privé. Ces réactions militarisées aux tentatives de participation politique se caractérisent par le déplacement, la dépossession, la négation des droits, la faim, la déshydratation, la privation, l’empoisonnement, la criminalisation, l’incarcération, la torture – y compris les abus sexuels et le meurtre.

 

Ces violences créent moins d’occasions de s’exprimer lors de réunions locales, régionales et internationales, y compris à l’ONU, où les promoteurs coloniaux qui contrôlent les forces de sécurité privées se voient accorder des réunions privées avec certaines délégations membres de l’ONU, y compris celles du Conseil de sécurité, tandis que les représentants des PA, des OSC et même de certains États Membres de l’ONU ne peuvent obtenir un accès similaire et de qualité aux délégations membres de l’ONU.

 

L’espace civil qui permet de participer à la prise de décisions n’est pas restreint parce que les puissances coloniales font face à des défis logistiques, mais plutôt parce que les promoteurs coloniaux dégradent l’environnement et/ou ont recours à une violence brutale pour réduire ceux qui s’expriment au silence. Nous devrions respecter ceux qui meurent pour le dialogue, et discuter de la perte d’accès, de mobilité, de santé et de sécurité pour ceux qui remettent en cause les mérites des projets de développement.

 

Ces doux euphémismes pour l’appropriation des pouvoirs de décision des peuples, à savoir le « rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile » pour la prévention de la participation politique, et l’« approche fondée sur les droits de l’homme » pour des droits fondamentaux ancrés dans la loi, mettent de côté la responsabilisation et détournent l’ONU d’un aspect central de sa raison d’être, à savoir le respect des droits de l’homme. La Charte des Nations Unies (1945) a identifié la protection des droits de l’homme des peuples comme son objectif fondamental et son principe directeur, codifié plus tard par la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) qui expose de façon détaillée les droits de la participation à la vie politique.

 

Plutôt que de parler de « mise en œuvre d’une approche fondée sur les droits de l’homme », nous encourageons la mise en œuvre des lois et des instruments relatifs aux droits de l’homme en vue de promouvoir la participation à la vie politique. Il est tentant de maintenir le statu quo à court terme dans l’espoir de gagner la confiance de notre oppresseur et de procéder à des réformes au sein des structures coloniales et obtenir gain de cause sur le long terme. De nombreux peuples autochtones ont essayé cette stratégie lorsqu’ils ont rencontré des colons pour la première fois, avec des conséquences désastreuses. Continuer ainsi et espérer mieux s’entendre nous met tous en danger lorsque les tendances dominantes empêchent à la fois la participation politique et l’application des droits de l’homme. 

 

Pour plus de renseignements, contactez Southeast Indigenous Peoples’ Center PO Box 4003 Eatonton Georgia 31024, États-Unis d’Amérique, (001)706.461.6244, www.SoutheastPeoples.org, twitter : @1stsouthernersoutherners

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