Seguimiento del seguimiento: las auténticas cifras del impacto de Canadá en la sociedad civil y la ayuda internacional

 

Por Gavin Charles, oficial de políticas del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional

 

Ahora que los canadienses están implementando —o abandonando— sus resoluciones de Año Nuevo, nos encontramos en un buen momento para hacer balance de la actuación del gobierno canadiense con respecto a sus compromisos. Para definir los estudios monográficos, examinaremos los registros del gobierno en los que se compromete a respaldar el desarrollo global y a la sociedad civil canadiense.

 

Por suerte para nosotros, a finales del año pasado el gobierno inauguró su nuevo sitio web dedicado al seguimiento de los 364 compromisos adoptados en las cartas de mandato del primer ministro al Gabinete. Se atribuyó a cada compromiso un estatus que podía ir desde “completado/cumplido” (66 compromisos entran dentro de esta categoría) hasta “no se está implementando” (únicamente tres compromisos han sido formalmente cancelados, entre ellos el famoso compromiso de implementar una reforma electoral). Una amplia mayoría de ellos (218) han sido clasificados como “en curso y sin retrasos”. Únicamente son los 13 los compromisos que el gobierno evalúa como “en curso y con problemas”. Hay un compromiso clasificado como “completado con modificaciones” (el reasentamiento de 25 000 refugiados sirios, un proyecto para el cual se prorrogó el plazo) y 21 proyectos definidos como “continuos” (es decir, que no pueden completarse en un plazo concreto).

 

Las organizaciones canadienses que colaboran con el gobierno en la ayuda humanitaria y el desarrollo global están de acuerdo con el estatus atribuido a varios de estos proyectos. Es cierto que Canadá está modificando el enfoque con el que gestiona la ayuda al desarrollo; más específicamente, ha establecido que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas constituyen prioridades según lo definido en su política de ayuda internacional feminista. Este cambio está en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y concretamente con el objetivo de desarrollo sostenible n.º 5, relativo a la igualdad de género. Esta base de datos subraya positivamente la participación de Canadá en numerosos foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comunidad de Democracias o la Coalición por la Igualdad de Derechos. Un buen ejemplo de la mejora en la colaboración dentro del Gabinete fue el reciente lanzamiento del nuevo Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad de Canadá, al cual asistieron cinco ministros.

 

Sin embargo, entre los compromisos definidos como en curso y sin retrasos hay algunos cuyo estatus es más ambiguo. Canadá ha anunciado (con un gran retraso) que proporcionará respaldo adicional a las operaciones de paz de las Naciones Unidas, según lo estipulado en la carta de mandato al ministro de Defensa Nacional; no obstante, no ha tenido lugar ningún despliegue de tropas y la cifra de militares canadienses activos en las misiones de las Naciones Unidas no deja de disminuir. Asimismo, si bien es bueno oír que los ministros de Defensa Nacional, Comercio Internacional, Desarrollo y Asuntos Exteriores han estado colaborando en sus respectivos marcos políticos, debemos subrayar que para lograr una auténtica coherencia política es necesario establecer objetivos armonizados. Por ejemplo, un compromiso que pretenda establecer enfoques feministas y basados en los derechos humanos en materia de política exterior es incompatible con la venta de vehículos blindados a un gobierno que viola los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

 

Por otra parte, las cartas de mandato del primer ministro también abarcaban el entorno político y legislativo en el que operan las organizaciones de la sociedad civil. Estas cartas se comprometían a hacer de este un entorno más propicio, por ejemplo poniendo fin al “acoso político” de las organizaciones benéficas y enmendando los “aspectos problemáticos” de la Ley C-51. El gobierno califica ambos compromisos como “en curso y sin retrasos”. Sin embargo, la ministra de Ingresos Nacionales no ha cancelado del todo las auditorías de las organizaciones benéficas —aunque sí que las ha suspendido— por lo que se denomina “actividades políticas”, también conocidas como promoción y compromiso en políticas públicas. Y a pesar de que la Ley C-59 representa sin duda alguna una mejoría respecto a la Ley C-51 —particularmente respecto a la restricción de las definiciones de “propaganda terrorista” y “amenazar la seguridad de Canadá”—, sigue tratándose de una ley ambigua y generalizada. En consecuencia, presenta importantes riesgos tanto para organizaciones nacionales como internacionales, quizás no con el actual gobierno pero sí con un potencial futuro gobierno que deseara aprovecharse de las leyes ambiguas.

 

No obstante, el factor más preocupante es el hecho de que el gobierno proclama haber “completado y cumplido” su compromiso de crear un nuevo marco político y de financiación para la ayuda internacional de Canadá. Según la base de datos, “se ha implementado una política de ayuda internacional feminista completa”. Sin embargo, el compromiso consistía claramente no solo en establecer una nueva política, sino también en establecer un nuevo marco de financiación. Sin duda, la política de ayuda internacional feminista es un cambio alentador y progresista en las políticas canadienses. Pero no viene acompañada por un marco de financiación, y mucho menos por un aumento de la financiación destinada a la asistencia oficial para el desarrollo, que está en unos mínimos casi históricos de únicamente el 0,26 % del producto nacional bruto. Para que nos hagamos una idea, es son 26 céntimos por cada 100 dólares canadienses. Visto este marco de financiación desfasado y deficiente, no puede decirse en absoluto que el objetivo del gobierno esté “cumplido y completado”.

 

El objetivo expreso de esta nueva base de datos es “ayudar a los canadienses a exigir cuentas al gobierno”. Sin duda alguna satisface este objetivo. El sistema de seguimiento de las cartas de mandato (Mandate Letter Tracker en inglés) yuxtapone los compromisos del gobierno, sus logros hasta ahora y la evaluación de estos logros. De este modo, el sistema ayuda a los canadienses a determinar cómo está actuando el gobierno y con cuánta exactitud está notificando el progreso realizado en sus resoluciones.

 

Este artículo se publicó previamente en el Huffington Post. http://www.huffingtonpost.ca/development-unplugged/how-is-canada-really-doing-on-international-assistance-and-civil-society_a_23348279/

 

Para más información, contactar a Gavin Charles (gcharles@ccic.ca)

« Faire un suivi du suivi » : quelle est la situation réelle du Canada au sujet de l’aide internationale et de la société civile ?

 

Par Gavin Charles, responsable politique au Conseil canadien pour la coopération internationale

 

Tandis que les Canadiens mettent en œuvre – ou abandonnent – leurs résolutions du Nouvel An, c’est aussi le moment idéal pour réfléchir à la façon dont le gouvernement canadien donne suite aux engagements qu’il a pris. En vue d’établir des études de cas, examinons le bilan du gouvernement en matière d’appui au développement mondial et à la société civile canadienne.

 

Par chance, le gouvernement a dévoilé à la fin de l’année dernière son nouveau site internet en vue de suivre les progrès réalisés à l’égard des 364 engagements pris dans les lettres de mandat du premier ministre au Cabinet. Les engagements ont été évalués selon une échelle allant de « complété totalement » (66 engagements ont reçu cette note) à « n’est plus envisagé » (seulement trois engagements ont été ouvertement abandonnés, le plus connu d’entre eux étant l’engagement de poursuivre la réforme électorale). La nette majorité d’entre eux (218) ont été évalués comme étant « en cours – en voie ». Seulement 13 des engagements du gouvernement – selon le gouvernement – sont « en cours – avec défis ».Un engagement est considéré comme « complété modifié » (la réinsertion de 25 000 réfugiés syriens, dont le délai a été prolongé), et 21 sont en « engagement permanent » (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être achevés à un point fixe).

 

Pour les organisations canadiennes qui collaborent avec le gouvernement afin d’assurer le développement mondial et l’aide humanitaire, bon nombre des points de progrès notés dans la base de données sont vrais. En effet, le Canada réoriente son aide au développement en faisant de l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles des priorités dans le cadre de sa politique d’aide internationale féministe. Il le fait en appui au Programme 2030 pour le développement durable*, en mettant l’accent sur l’objectif du développement durable n°5 concernant l’égalité entre les sexes. La base de données attire l’attention sur la participation positive du Canada au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, à la Communauté des démocraties* et à la Coalition pour l’égalité des droits, entre autres forums multilatéraux. Le lancement récent du nouveau Plan national d’action du Canada consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité est un bon exemple d’une meilleure collaboration au sein du Cabinet, cinq ministres participant au plan.

 

Certains des autres engagements indiqués comme étant « en cours – en voie » s’avèrent moins clairs. Le Canada a annoncé un soutien supplémentaire* aux opérations de paix des Nations Unies, comme il s’y est engagé dans la lettre de mandat adressée au ministre de la Défense nationale (bien qu’avec beaucoup de retard) ; mais aucun déploiement réel n’a été effectué et le nombre de militaires canadiens en service actif dans les missions des Nations Unies n’a cessé de diminuer*. De même, bien qu’il soit bon d’entendre que les ministres de la Défense nationale, du Commerce international, du Développement et des Affaires étrangères ont collaboré à leurs cadres stratégiques respectifs, une véritable cohérence des politiques exige des objectifs harmonisés. Un engagement en faveur d’une approche féministe et fondée sur les droits de l’homme dans la politique étrangère, par exemple, est incompatible avec la vente de véhicules blindés* à un gouvernement qui viole les droits de l’homme, y compris les droits des femmes.

 

Les lettres de mandat du premier ministre traitaient également de l’environnement législatif et politique dans lequel les organisations de la société civile opèrent. Elles comprenaient des engagements visant à rendre cet environnement plus favorable, notamment en mettant fin au « harcèlement politique » des organismes de bienfaisance et en modifiant les « éléments problématiques » du projet de loi C-51. Le gouvernement a rapporté que tous deux sont « en cours – en voie ». Cependant, la ministre du Revenu national n’a pas encore complètement terminé (bien qu’elle les ait suspendues*) les vérifications de l’Agence du revenu du Canada sur les organismes de bienfaisance en ce qui concerne les « activités politiques » – autrement dit la participation à la vie politique et les activités de plaidoyer. Or, bien que le projet de loi C-59 du gouvernement représente une amélioration indéniable par rapport au projet de loi C‑51 – en particulier pour ce qui est de recadrer les définitions de « propagande terroriste » et de « menaces envers la sécurité du Canada » – il demeure trop général et vague. En tant que tel, il représente un risque sérieux pour les organisations internationales et nationales ; si ce n’est pas sous cette administration, alors sous une future administration potentielle souhaitant exploiter des lois instables.

 

Le plus inquiétant, cependant, est l’affirmation du gouvernement selon laquelle son engagement à créer une nouvelle politique et un nouveau cadre de financement pour l’aide internationale du Canada est « complété totalement ». Comme le note la base de données, « une politique d’assistance internationale globale et féministe est en place ». Pourtant, l’engagement ne se limitait pas seulement à une nouvelle politique, mais aussi à un nouveau cadre de financement. La politique d’aide internationale féministe est un changement bienvenu dans la politique du Canada. Cependant, elle n’est pas accompagnée d’un cadre de financement, et encore moins d’un nouveau financement pour l’aide publique au développement – qui se situe à un plancher presque record à seulement 0,26 % du revenu national brut* (c’est-à-dire 26 cents pour chaque 100 $ du RNB canadien). Avec ce cadre de financement désuet et inadéquat, l’engagement du gouvernement est loin d’être « complété totalement ».

 

L’objectif explicite de cette nouvelle base de données est « d’aider les Canadiens à maintenir un gouvernement responsable ». Il ne fait aucun doute qu’il atteint cet objectif. Le Suivi des lettres de mandat juxtapose les engagements du gouvernement, ce qu’il a fait jusqu’à présent et l’évaluation de sa performance. De cette façon, le Suivi des lettres de mandat aide les Canadiens à juger à la fois des résultats obtenus par le gouvernement  et de l’exactitude de ses rapports sur l’état d’avancement de ses résolutions.

 

Cet article a déjà été publié dans le Hufftingtonpost. http://www.huffingtonpost.ca/development-unplugged/how-is-canada-really-doing-on-international-assistance-and-civil-society_a_a_23348279/*

 

Pour plus d’informations, contactez Gavin Charles à l’adresse gcharles@ccic.ca

 

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