Seguimiento del seguimiento: las auténticas cifras del impacto de Canadá en la sociedad civil y la ayuda internacional

 

Por Gavin Charles, oficial de políticas del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional

 

Ahora que los canadienses están implementando —o abandonando— sus resoluciones de Año Nuevo, nos encontramos en un buen momento para hacer balance de la actuación del gobierno canadiense con respecto a sus compromisos. Para definir los estudios monográficos, examinaremos los registros del gobierno en los que se compromete a respaldar el desarrollo global y a la sociedad civil canadiense.

 

Por suerte para nosotros, a finales del año pasado el gobierno inauguró su nuevo sitio web dedicado al seguimiento de los 364 compromisos adoptados en las cartas de mandato del primer ministro al Gabinete. Se atribuyó a cada compromiso un estatus que podía ir desde “completado/cumplido” (66 compromisos entran dentro de esta categoría) hasta “no se está implementando” (únicamente tres compromisos han sido formalmente cancelados, entre ellos el famoso compromiso de implementar una reforma electoral). Una amplia mayoría de ellos (218) han sido clasificados como “en curso y sin retrasos”. Únicamente son los 13 los compromisos que el gobierno evalúa como “en curso y con problemas”. Hay un compromiso clasificado como “completado con modificaciones” (el reasentamiento de 25 000 refugiados sirios, un proyecto para el cual se prorrogó el plazo) y 21 proyectos definidos como “continuos” (es decir, que no pueden completarse en un plazo concreto).

 

Las organizaciones canadienses que colaboran con el gobierno en la ayuda humanitaria y el desarrollo global están de acuerdo con el estatus atribuido a varios de estos proyectos. Es cierto que Canadá está modificando el enfoque con el que gestiona la ayuda al desarrollo; más específicamente, ha establecido que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas constituyen prioridades según lo definido en su política de ayuda internacional feminista. Este cambio está en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y concretamente con el objetivo de desarrollo sostenible n.º 5, relativo a la igualdad de género. Esta base de datos subraya positivamente la participación de Canadá en numerosos foros multilaterales, como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Comunidad de Democracias o la Coalición por la Igualdad de Derechos. Un buen ejemplo de la mejora en la colaboración dentro del Gabinete fue el reciente lanzamiento del nuevo Plan de Acción Nacional sobre Mujeres, Paz y Seguridad de Canadá, al cual asistieron cinco ministros.

 

Sin embargo, entre los compromisos definidos como en curso y sin retrasos hay algunos cuyo estatus es más ambiguo. Canadá ha anunciado (con un gran retraso) que proporcionará respaldo adicional a las operaciones de paz de las Naciones Unidas, según lo estipulado en la carta de mandato al ministro de Defensa Nacional; no obstante, no ha tenido lugar ningún despliegue de tropas y la cifra de militares canadienses activos en las misiones de las Naciones Unidas no deja de disminuir. Asimismo, si bien es bueno oír que los ministros de Defensa Nacional, Comercio Internacional, Desarrollo y Asuntos Exteriores han estado colaborando en sus respectivos marcos políticos, debemos subrayar que para lograr una auténtica coherencia política es necesario establecer objetivos armonizados. Por ejemplo, un compromiso que pretenda establecer enfoques feministas y basados en los derechos humanos en materia de política exterior es incompatible con la venta de vehículos blindados a un gobierno que viola los derechos humanos y los derechos de las mujeres.

 

Por otra parte, las cartas de mandato del primer ministro también abarcaban el entorno político y legislativo en el que operan las organizaciones de la sociedad civil. Estas cartas se comprometían a hacer de este un entorno más propicio, por ejemplo poniendo fin al “acoso político” de las organizaciones benéficas y enmendando los “aspectos problemáticos” de la Ley C-51. El gobierno califica ambos compromisos como “en curso y sin retrasos”. Sin embargo, la ministra de Ingresos Nacionales no ha cancelado del todo las auditorías de las organizaciones benéficas —aunque sí que las ha suspendido— por lo que se denomina “actividades políticas”, también conocidas como promoción y compromiso en políticas públicas. Y a pesar de que la Ley C-59 representa sin duda alguna una mejoría respecto a la Ley C-51 —particularmente respecto a la restricción de las definiciones de “propaganda terrorista” y “amenazar la seguridad de Canadá”—, sigue tratándose de una ley ambigua y generalizada. En consecuencia, presenta importantes riesgos tanto para organizaciones nacionales como internacionales, quizás no con el actual gobierno pero sí con un potencial futuro gobierno que deseara aprovecharse de las leyes ambiguas.

 

No obstante, el factor más preocupante es el hecho de que el gobierno proclama haber “completado y cumplido” su compromiso de crear un nuevo marco político y de financiación para la ayuda internacional de Canadá. Según la base de datos, “se ha implementado una política de ayuda internacional feminista completa”. Sin embargo, el compromiso consistía claramente no solo en establecer una nueva política, sino también en establecer un nuevo marco de financiación. Sin duda, la política de ayuda internacional feminista es un cambio alentador y progresista en las políticas canadienses. Pero no viene acompañada por un marco de financiación, y mucho menos por un aumento de la financiación destinada a la asistencia oficial para el desarrollo, que está en unos mínimos casi históricos de únicamente el 0,26 % del producto nacional bruto. Para que nos hagamos una idea, es son 26 céntimos por cada 100 dólares canadienses. Visto este marco de financiación desfasado y deficiente, no puede decirse en absoluto que el objetivo del gobierno esté “cumplido y completado”.

 

El objetivo expreso de esta nueva base de datos es “ayudar a los canadienses a exigir cuentas al gobierno”. Sin duda alguna satisface este objetivo. El sistema de seguimiento de las cartas de mandato (Mandate Letter Tracker en inglés) yuxtapone los compromisos del gobierno, sus logros hasta ahora y la evaluación de estos logros. De este modo, el sistema ayuda a los canadienses a determinar cómo está actuando el gobierno y con cuánta exactitud está notificando el progreso realizado en sus resoluciones.

 

Este artículo se publicó previamente en el Huffington Post. http://www.huffingtonpost.ca/development-unplugged/how-is-canada-really-doing-on-international-assistance-and-civil-society_a_23348279/

 

Para más información, contactar a Gavin Charles (gcharles@ccic.ca)

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